por Damián Lo Chávez *.
*Licenciado en Historia. Universidad de Chile. Mg. en Historia. Universidad de Tarapacá.
Encargado Departamento de Historia. MUSEO REGIONAL – CORMUDESI.
La historia de Iquique en tiempos modernos se caracterizó por un permanente déficit de infraestructura y servicios públicos en relación a la progresiva relevancia económica y política que fue adquiriendo la ciudad, ligado además al creciente aumento demográfico observado en ella, en especial durante el periodo denominado ciclo de expansión del salitre (1872-1918). El Palacio de los Tribunales fue el resultado de un periodo caracterizado por el desarrollo e instauración del Estado chileno en la provincia de Tarapacá, el crecimiento de la ciudad y el auge de la industria salitrera.
El palacio forma parte de un conjunto de elementos de modernidad en el espacio urbano implementados tras la creación formal de la Provincia de Tarapacá en octubre de 1884. La construcción del edificio obedece directamente al colapso de los edificios públicos existentes.
- El contexto histórico del edificio: Iquique, del poblado prehispánico a la ciudad moderna
La ciudad de Iquique ha tenido un desarrollo histórico caracterizado por intervalos irregulares de acelerada expansión espacial y demográfica. Podemos distinguir, para efectos de análisis de su desarrollo histórico, cuatro etapas de desarrollo entre el periodo de contacto y el fin del ciclo de expansión del salitre en 1918.
Estas etapas desde luego se ven caracterizadas por procesos políticos de largo alcance, como son las guerras y los cambios de soberanía. Sin embargo, estos procesos no determinan por si solos la historia urbana y social de una ciudad. Es posible que las transformaciones a largo plazo se inicien y concluyan antes o más allá de las fechas que constituyen hitos en la macro historia política. El ejemplo más evidente de nuestra afirmación es el periodo conocido como ciclo del salitre y el sub-periodo denominado ciclo de expansión del salitre. Este ciclo económico condiciona el desarrollo de la ciudad de Iquique antes y después del cambio de soberanía determinado por la Guerra del Pacífico y el Tratado de Ancón.
El primer periodo se caracterizó por la pre-existencia de asentamientos prehispánicos de cazadores, pescadores y recolectores. Desconocemos si poseían consanguinidad o corresponde a un mismo grupo humano, pero si es factible establecer que poseyeron asentamientos contemporáneos, de manera dispersa en áreas estratégicas de concentración de recursos naturales (Núñez & Varela, 1967-68) asociadas a aguadas y oasis de nieblas en el farallón costero, y en la costa inmediata a surgencias de agua apta para beber y caletas o caletillas que permitieran un acceso apropiado a áreas de recursos marinos a través de la pesca y la recolección (Rostworowski, 1981a: 84). Algunos de estos asentamientos que actualmente han quedado dentro del actual área urbana de Iquique se han registrado en Quebrada Huantaca, el Colorado, la Puntilla, el islote de Yqueyque,la Aguada del Muelle de Pasajeros, La aguada del ferrocarril, el Morro, Cavancha, y caleta Bajo Molle (Bird, 1943; Núñez, 2002).
El incremento de población y la formación de una pequeña aldea cercana al Islote, fue incorporada al ciclo colonial de la plata principalmente como apoyo logístico en materia de alimentación y agua, aunque salobre ( (Fray Reginaldo de Lizarraga, (1605) 1968; Núñez & Varela, 1967-68). El pescado seco consumido en las minas de Huantajaya y Santa Rosa, en la actual comuna de Alto Hospicio, provenía de la pesca realizada por los ayllos de pescadores locales bajo el sistema de encomienda (Núñez & Varela, 1967-68; Larraín & Bugueño, 2011). Por otra parte, las comunidades indígenas del área de Iquique proveerán de guano a las comunidades del interior, tal como lo describirá O’Brien en 1765 “para el cultivo de las tierras de las Provincias, de Arica, Moquegua, y Arequipa“. Las labores portuarias eran de menor cuantía, al igual que la amalgamación de plata, proceso que se desarrollaba fundamentalmente en el hinterland de la Pampa del Tamarugal, alrededor del poblado de La Tirana.
A lo largo de los siglos coloniales la aldea experimento pocas transformaciones. Una pequeña sociedad de castas coloniales se distribuyó en un pequeño radio ubicado principalmente en el sector del morro con una iglesia en su centro. Esta era la situación del poblado en los complejos años de la resistencia realista en el Sur del Perú y Noreste argentino en el primer lustro de la década de 1820. Esta etapa final de la dominación española en Tarapacá, se caracterizó por la debacle del ciclo argentífero, la conmoción suscitada por los encuentros armados entre ambos bandos y la incertidumbre respecto del cambiante control del territorio (Donoso, 2017).
La segunda etapa refiere al proceso de acelerada expansión demográfica y espacial que comenzó con las primeras exportaciones salitreras al extranjero en los años 1828 y 1830. Este proceso se intensificó en la medida que se desarrollaron nuevas tecnologías que transformaron la explotación artesanal de salitre en una actividad industrial moderna a gran escala en la década de 1850 (González, 2016).
A lo largo de este periodo la aldea se transformó en ciudad sin ningún tipo de planificación y servicios públicos reducidos, improvisados localmente o derechamente inexistentes. El gobierno central prestó muy poca atención al poblado y los servicios para atender las necesidades de este fueron organizados en gran medida por las élites residentes, tanto peruano-tarapaqueñas como extranjeras. Esta segunda etapa, de improvisado desarrollo urbano termina con el terremoto, maremoto y epidemia de fiebre amarilla en 1868.
El periodo comprendido entre 1868 y 1883 corresponde a una tercera etapa de desarrollo, caracterizada por una creciente intervención estatal en la ciudad, primero peruana, y posteriormente chilena. Fue un periodo definido por diversas catástrofes que aceleraron la re-organización de la ciudad y la implementación de nuevos servicios públicos. La coyuntura ya mencionada de 1868, el incendio de octubre de 1875, el terremoto y maremoto de mayo de 1877, el incendio de octubre de 1880 y el siniestro de similares proporciones de marzo de 1883. Junto con las catástrofes, la economía salitrera recibió nuevos impulsos a raíz de la revolución industrial que significó el desarrollo del ferrocarril, a partir de 1870, y la implementación del sistema shanks en la industria salitrera a partir de 1875.
La década de 1870 fue trascendental en la historia de la industria salitrera. La decadencia de la extracción guanera y las nuevas tecnologías aplicadas al salitre significaron el predominio comercial de este último, reflejado en los ingresos fiscales del Estado peruano a partir de 1872. Esta inflexión marca el inicio del ciclo de expansión del salitre. La Guerra del Pacífico (1879-1883) significó una ruptura histórica trascendental, especialmente en lo que refiere a la administración y soberanía de la ciudad. Primero su ocupación de facto en noviembre de 1879 y posteriormente su incorporación legal a la soberanía del Estado chileno con la creación de la provincia de Tarapacá en octubre de 1884. Sin embargo, procesos como el desarrollo de nuevas infraestructuras urbanas, el ensanche de calles y la temprana segregación social de la población tuvieron su origen bajo administración peruana. Estos procesos fueron drásticamente acelerados por los incendios del periodo de 1880-1883 durante el régimen especial de la Jefatura Política. En términos de historia urbana esta etapa abarca ambos regímenes administrativos pero puede subdividirse a partir de la anexión de 1879 y la radicalización de la reforma urbana bajo soberanía chilena.
Hacia fines de este periodo se sientan las bases del plano urbano de una nueva ciudad, plano a partir del cual se desarrolló Iquique durante el periodo salitrero.
La cuarta etapa de desarrollo de la ciudad se enmarca entre la creación legal de la provincia que supone el inicio de una administración regular en la ciudad y la inserción de la ciudad en la historia de Chile y cierra con el fin del ciclo de expansión del salitre en 1918. Esta fue una etapa en de acelerada expansión de la ciudad sobre la planicie litoral, importante crecimiento demográfico y progresiva relevancia económico y política del puerto de Iquique. Sobre las transformaciones operadas en los últimos años de tercer periodo, la ciudad continuó expandiéndose y modernizándose en función de la industria salitrera y el comercio. Numerosos decretos organizaron la vida e la ciudad y otorgaron características sociales y de uso del suelo especificas a cada una de las cuatro sub-delegaciones urbanas. Fue una época de contrastes. La luz eléctrica, las industrias, los palacios de la administración pública, los primeros automóviles y el primer sistema de desagües convivieron con ranchos de material ligero y conventillos construidos durante la guerra, con una materialidad y condiciones sanitarias que dejaban mucho que desear. Esta fue la época de construcción del Iquique moderno que trascenderá en el tiempo, con edificios aún en uso y un trazado de calles y plazas que ha perdurado hasta hoy. En esta importante etapa de desarrollo urbano y expansión de la ciudad se inserta el Palacio de los Tribunales de Iquique, hoy sede del Museo Regional de Iquique.
El cuadro anterior revela una serie de elementos claves a considerar en la historia social de la ciudad durante los años restantes del Ciclo de Expansión del Salitre. Uno es la creciente urbanización de la provincia, particularmente en lo que refiere a la concentración de la población en la ciudad de Iquique. En 1885, la población de Iquique correspondía a un 35,4% de la población de la provincia, en 1895 a un 34,5% y en 1907 a un 36,4 %. Más de un tercio de la población de la provincia residió en la ciudad en el periodo. Estos porcentajes aumentan considerablemente si se comparan con la población departamental: 48,3%, 45,5% y 49% respectivamente.
2. El Palacio de los Tribunales: Antecedentes, construcción y relevancia histórica.
El acelerado desarrollo de la ciudad en la década de 1880 y la creciente importancia política y económica de la capital de la provincia determinaron la necesidad de nuevos edificios públicos. La nueva administración chilena debió improvisar la instalación de sus reparticiones de forma precaria tras la ocupación de noviembre de 1879. Los juzgados civiles arrendaron propiedades particulares al igual que la primera junta municipal. La institución más importante, la Jefatura Política, que representaba en contexto de guerra al poder ejecutivo en la provincia ocupada, se instaló en los altos del Palacio Rimac donde funciona la Aduana. Edificio construido en 1872, el edificio más solido e importante de la ciudad fue, desde abril de 1873, sede de la prefectura, la representación provincial y departamental del gobierno peruano. Las autoridades chilenas continuaron ocupando el edificio para el mismo uso, restando importante espacio al almacenamiento de mercaderías y sobrecargando con personal sus instalaciones.
La aduana construida por la administración peruana en 1872 experimentó pronto el desgaste y las deficiencias derivadas de una sobrecarga de personal. En 1887, el intendente Muñoz señaló al Ministerio del Interior la molestia de no tener una sala de espera y verse la oficina de la secretaría permanentemente interrumpida por personas que ingresaban en desorden a consultar el estado de sus solicitudes. Además, como se aprecia en numerosas fotografías y planos de época, el ferrocarril pasaba por fuera de la oficina del intendente causando ruidosa molestia (ARNIT, Vol.110, comunicado N°147). El intendente Ramón Yavar señaló que hacia 1888 funcionaba en la aduana casi toda la administración pública de la ciudad:
“la Intendencia, la Comandancia Jeneral de Armas, de los Juzgados de Letras, de la Delegación Fiscal de Salitreras, de la Gobernación Marítima, de la Ilustre Municipalidad y de la Tesorería Municipal”.
Yavar sugirió la construcción de casas consistoriales para redistribuir de forma más eficiente las reparticiones públicas (ARNIT, Vol.84, f.8). Esta aglomeración se explica en parte porque, al momento de la ocupación, la aduana era el único edifico de material solido e incombustible capaz de ofrecer seguridad a la dirección de la nueva administración. Su función como aduana se veía limitada por esta razón y también su tamaño había sido sobrepasado por el creciente volumen del movimiento comercial del puerto, no dando abasto sus pequeñas bodegas para su cometido. El archivo que ha sido parte fundamental de esta investigación estaba en riesgo por la falta de un espacio adecuado para su correcto almacenaje, según señaló el intendente al ministro del interior en enero de 1890:
“actualmente gran parte del archivo se conserva en el suelo, impidiendo el aseo de las oficinas i espuestos como es natural a graves deterioros. Fuera del archivo peruano cuya importancia es indiscutible, ya que él se relaciona en gran parte con la propiedad salitrera de esta provincia; escistiendo documentos chilenos de importancia, que serán destruidos si nada se hace por su conservación i que desde luego no pueden ser consultados por el desorden en que se encuentran”. (ARNIT, Vol. 182, comunicado N°209).
Esta sobre-población de personas trabajando en un edificio traía problemas poco decorosos para la oficina de la primera autoridad de la provincia. Las letrinas solían colapsar y se llenaba el suelo de las basuras provenientes de todas las oficinas tornando el espacio insalubre y peligroso en tanto la aglomeración de papeles en desorden era potencial foco de fuego. En noviembre de 1888 se extrajeron partes de la cañería Barrenechea para refaccionar el deficiente desagüe del edificio, cambiando drásticamente el uso original de dichas piezas (ARNIT, Vol.116, sin fojas, 24 de noviembre de 1888). Los proyectos elaborados por los intendentes para redistribuir las oficinas públicas no pudieron concretarse hasta después de la Guerra Civil. Es posible que el nuevo gobierno estuviese más compenetrado de la situación de los edificios públicos en la ciudad. Tras capturar Iquique en febrero de 1891, la “Junta de Gobierno” congresista sesionó en calle Baquedano, ex Huancavelica, en casas de un particular, Agustín Arrieta, un acaudalado abogado vinculado a intereses salitreros británicos (Ostojic, 2016).
El 23 de mayo de 1892, el Ministerio de Industrias y Obras Públicas autorizó los planos y presupuestos para el nuevo edificio (ARNIT, Vol.245, sin fojas, 23 de mayo de 1892). El detalle del proyecto contemplaba la construcción de un edificio monumental diseñado para un crecido servicio público con grandes bóvedas para archivo hechas de material incombustible premunidas con puertas de fierro(*). El intendente Agustín Gana Urzúa solicitó al Ministerio del Interior el traslado de la Intendencia al palacio de los Tribunales lo que fue le fue concedido por decreto en enero de 1902 (ARNIT, Vol.445, sin fojas, memoria de la intendencia presentada el 14 de junio de 1902).
El establecimiento de las oficinas de la Intendencia en el segundo piso del edificio fue posible por el reciente traslado de la corte de apelaciones a la ciudad de Tacna en junio de 1900, con el objeto de incrementar la presencia chilenizadora en dicha ciudad peruana administrada transitoriamente por Chile. Hacia 1904 el edificio albergaba las siguientes reparticiones. Planta baja: dos juzgados de letras, dos notarías públicas y la oficina de la primera circunscripción del Registro Civil, correspondiente a la ciudad de Iquique. En el segundo piso, la Intendencia, la Visitación del Escuelas y la secretaría y tesorería de la Junta de Beneficencia. Además, la Intendencia y los juzgados, cuya relevancia es evidente, todas estas instituciones jugaron un rol de primer orden en la construcción de estado, sociedad y nación en Tarapacá durante el periodo salitrero. La Visitación de Escuelas era el organismo fiscal encargado de supervisar el funcionamiento de las escuelas de la provincia, organismos que cumplían una doble función en el periodo. Constituían la primera etapa de disciplina social y laboral de la clase trabajadora y además difundían la identidad nacional chilena en medio de una población de diversos orígenes con fuerte componente peruano y extranjero en general. La Junta de Beneficencia era un organismo público-privado que administraba la salud pública antes de la existencia de las modernas instituciones estatales.
En Iquique, ciudad portuaria, comercial e industrial donde vivía una extensa población obrera eran frecuentes las enfermedades infecciosas, venéreas y los frecuentes brotes epidémicos. También los numerosos accidentes laborales de las oficinas salitreras se derivaban a la ciudad. La Junta de Beneficencia, tenía un sistema sanitario compuesto por el Hospital de Beneficencia, los cementerios, el lazareto, el dispensario de medicinas y otros para atender esta compleja realidad del periodo conocido como “cuestión social”.
El Registro Civil fue uno de los principales elementos de modernización liberal del Estado chileno financiado con los nuevos ingresos salitreros adquiridos tras la Guerra del Pacífico, otorgando una nueva herramienta para cuantificar y estudiar el movimiento de la población en la provincia. Los intendentes de este periodo debieron hacer frente a las principales manifestaciones de crisis de la República Oligárquica y la sociedad del periodo, manifestaciones particularmente crudas en la provincia. Entre estas destacamos las enfermedades infecciosas y venéreas que adquirieron características epidémicas en Iquique y Tarapacá, en particular la bubónica, la viruela y la sífilis. También el ciclo de huelgas y protestas obreras que se expandió por todo Chile a principios del siglo XX y tuvo su hito más complejo y trágico en la ciudad en diciembre de 1907.
Bibliografía
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